EDUCACIÓN Y CONSTITUCIONALISMO.
Durante la revolución mexicana (1910-1917) la educación tuvo un escaso desarrollo. Sin embargo, en algunos estados de la República los gobernadores revolucionarios impulsaron leyes que favorecieron la educación popular y, en algunos casos, pese a las grandes dificultades económicas, crearon escuelas y ampliaron el número de profesores.
Los debates que adquirieron mayor importancia en el Constituyente de Querétaro fueron los relativos a la educación y a las cuestiones laborales, religiosas y agrarias. Resaltando este aspecto, el Gral. Múgica señalaba en la sesión del 3 de diciembre de 1916: "Estamos en el momento más sobresaliente de la revolución...ningún momento, señores, de los que la revolución ha pasado, ha sido tan grande, tan palpitante, tan solemne como el momento en que el Congreso Constituyente aquí reunido trata de discutir el artículo 38. de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos...se trata nada menos que del porvenir de la patria, del porvenir de nuestra juventud, del porvenir de nuestra niñez, del porvenir de nuestra alma máter, que debe engendrarse en principios netamente nacionales y en principios netamente progresistas...".
EDUCACIÓN POPULAR Y LA CONSTITUCIÓN DE 1917.
El Congreso Constituyente de 1917 elevó por primera vez a rango constitucional el precepto de la educación laica, obligatoria y gratuita. El Congreso estableció la prohibición al clero y a las asociaciones religiosas de organizar o dirigir escuelas de educación primaria. La Constitución otorgó mayores facultades educativas al Estado, el cual debía vigilar las escuelas primarias oficiales y privadas. Sin embargo, la supresión de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes determinada por el Congreso, dificultó al gobierno federal impulsar el sector educativo. Los municipios tuvieron a su cargo la educación, pero muchas escuelas cerraron por falta de recursos técnicos y humanos. Con la aprobación del artículo Tercero, la Revolución moldea una nueva escuela mexicana, de acuerdo con las tendencias que la significaron: carácter laico y nacional; gratuidad; responsabilidad del Estado. En 1917, la Universidad Nacional de México era la única institución que agrupaba diversas escuelas y colegios de educación superior.
El esfuerzo educativo, prácticamente interrumpido por la Revolución y la guerra civil que asoló al país, sólo pudo ser reemprendido, no sin grandes dificultades, con el ascenso y dominio hegemónico de la facción constitucionalista, liderada por don Venustiano Carranza. En materia educativa, con base en la Constitución de 1917, Carranza se propuso dar prestigio, responsabilidad y fuerza a los Ayuntamientos, y el 28 de febrero de ese año les entregó las riendas para dirigir la educación, aunque los resultados fueron desastrosos, ya que el municipio se había vuelto botín de caciques, jefes de armas y políticos locales, quienes sustraían considerables recursos económicos. La Secretaría de Instrucción y Bellas Artes fue suprimida por la Ley de Secretarías de Estado del 13 de abril de 1917.
No obstante estos serios desatinos, las preocupaciones educativas de Carranza pueden apreciarse cuando el 15 de abril de 1917 informa al Congreso de la Unión que "a pesar de los trastornos que naturalmente se originan de un período tan largo de guerra como el que hemos sufrido, se ha tomado el mayor empeño en conservar abiertos y dedicados al servicio público el mayor número de establecimientos oficiales que ha sido posible, creando cuantos más establecimientos nuevos se ha podido para ofrecer mejores oportunidades educativas a toda la población escolar". En otro informe, Carranza refiere que "los Ayuntamientos han recibido las escuelas elementales, superiores nocturnas y jardines de niños", reconociendo dos años después que a pesar de que los Ayuntamientos tienen a cargo la Instrucción Primaria, de conformidad con la Ley de 13 de abril de 1917, éstos "no han logrado aumentar el número de escuelas, según las necesidades de la población actual, ni sostener las que se hallan abiertas y por ello el Gobierno se ha preocupado de fomentar la iniciativa privada, ayudando al establecimiento de centros educativos".
La política descentralizadora del carrancismo no dio resultados positivos, pues al poco tiempo que los ayuntamientos se hicieron cargo de las escuelas primarias y jardines de niños, se demostró que estas instancias no estaban capacitadas para esta compleja tarea, ya que su administración y funcionamiento requerían de una preparación científica y pedagógica, así como de ingresos suficientes para llevar a la práctica los principios de laicidad, obligatoriedad y gratuidad. En la práctica, esta política se enfrentó a múltiples problemas como la necesidad de edificios, organización, legislación y administración.
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